Todavía no terminó su primer mes como presidente que Javier Milei ya cambió nuestras vidas para siempre. Y para mal. En paralelo, las cartas de lo que vinieron a hacer en materia de lesa humanidad y memoria comienzan a descubrirse sobre la mesa. 

La amnistía o el indulto son caminos que por el momento no aparecen abiertos. Pero, ¿cuáles sí? La discusión para habilitar beneficios a represores investigados y condenados por crímenes de lesa humanidad que están presos es uno. El argumento –que son mayores de 70 años, que sufren achaques de salud– no es nuevo ni lo traen Milei y Villarruel bajo el brazo. Su uso se profundizó y generalizó durante el gobierno de Cambiemos y ahora vuelve recargado. 

En la Casación, el genocida de El Vesubio Diego Chemes pidió que los presidentes de todas las salas se reunieran y consensuaran una posición respecto de los pedidos de prisión domiciliaria de represores de más de 70 años. Le enojó que algunas salas opinaran de una manera o otras, de otra. La reunión plenaria iba a darse el martes pero no pudo ser todavía. 

Hacia adentro de la Casación, no obstante, los juicios de lesa humanidad son un aparte aguas y una bandera con la que sus integrantes se posicionan a uno u otro lado. Esta semana, también, la “grieta” se vio plasmada en un fallo que nació por una discusión entre Fiscalía de Tucumán y Tribunal Oral federal número 1 en torno de la citación de los testigos en el juicio Jefatura III. El expediente llegó a la Sala III. Los cazadores Javier Carbajo y Gustavo Hornos no le dieron lugar a la Fiscalía, su colega Alejandro Slokar le encomendó al tribunal algunas cuestiones para cuidar a les testigues. 

Volviendo a los reclamos de represores viejos y presos, este tipo de reclamos fueron materia de denuncias contra el Estado argentino ante organismos internacionales de parte de abogados y agrupaciones defensoras de genocidas durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la presidencia y de Claudio Avruj y cía al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. De hecho, funcionarios de esa área habilitaron con argumentos o incluso reconociendo ridículamente que el proceso de juzgamiento de genocidas era violatorio de derechos humanos –¿ridículo dije? escandaloso–. 

Bueno, de a poquito esta estrategia está más cerca de convertirse en política de Estado con la designación de dos de sus puntas de lanza en cargos estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: Siro de Martini y Ramiro Badía en la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional y en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales respectivamente. 

Pero los reciclados del gobierno de Cambiemos no se limitan a la Secretaría de Derechos Humanos ni al Ministerio de Seguridad –la semana pasada supimos de Manfroni, ¿no cierto?– En esta nota cuenta Luciana Bertoia que asoma Claudio Pasqualini, quien fuera jefe del Ejército durante la presidencia de Mauricio Macri, como número dos en el Ministerio de Defensa. Impulsor de la «memoria completa», yerno de un represor condenado a prisión perpetua.

Los juicios en cifras

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) emitió su informe anual sobre juicios y causas de lesa humanidad que podés ver aquí. Advertencia: algunos datitos ya están viejos, pues el corte que realizó el organismo no contempló el último veredicto que tuvo lugar en La Rioja y tampoco el que se supone sucederá esta semana en San Martín.

Ésta semana es la última del calendario judicial del año. Volveremos con audiencias en febrero, post feria judicial de verano. Acá hice un breve resumencito con lo que sucederá esta semana y lo que se espera para 2024. 

El cronograma de estos días queda así: 

Otras noticias 

Adiós: El lunes pasado, Abuelas de Plaza de Mayo informó el fallecimiento de Rosa Amparo Rosés de Coutada, que buscaba a sus dos hijas, secuestradas durante la última dictadura, y al hijo de una de ellas, que cayó en manos de la dictadura embarazada. 

Testimonios en Salta: El ex futbolista Tomás Ricardo Cuadri declaró en los tribunales federales de Salta en el marco de la causa que se sigue contra ex policías de la provincia por allanamientos ilegales, secuestros y torturas a los que fue sometido durante la última dictadura cívico militar. Declaró de manera adelantada debido a su estado de salud. 

Inspección ocular para marzo: El Tribunal Oral Federal de Neuquén ordenó una inspección ocular en la exU9 y en el centro clandestino La Escuelita, en el juicio contra funcionarios judiciales –el octavo de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia–. Sucederá a fines de marzo. El debate oral y público retomará su curso en febrero.